Paraguay

ELEMENTOS DE CONTEXTO

HISTORIA

DEMOGRAFÍA

SOCIO-ECONÓMICO

DEUDA PÚBLICA ODIOSA

Dicha deuda con función de triple se han tenido en ausencia de consentimiento de la población – la falta de beneficio para esta población – Los acreedores saben esto. Fue bajo la dictadura de Stroessner 1954-1989, la deuda pública comenzó. Ascendió en 2010 a USD 2 billón.

Fuente: CADTM – Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo, las cifras de la deuda 2012

HABITAT

HISTORIA DE LAS CIUDADES – PATRIMONIO

VIVIENDA URBANA

VIVIENDA RURAL

Aspectos jurídicos

DERECHO A LA VIVIENDA

Desde 1992 en la Constitución:

  • artículo 57

Cualquier persona mayor tiene derecho a una protección completa. Familia, la sociedad y los poderes públicos promoverán su bienestar a través de servicios sociales que se ocupan de sus necesidades de alimentación, salud, vivienda, cultura y ocio.

  • artículo 59

Propiedad de la familia, el esquema será determinado por la ley, son reconocidos como una institución de interés social. Incluirán vivienda o el patrimonio de la familia, muebles y herramientas, que será difícil de alcanzar.

  • artículo 100

Todos los habitantes de la República tienen derecho a una vivienda digna. El Estado establecerá las condiciones de aplicación de la ley, y facilitar los proyectos de vivienda de interés social, incluidos los de familias con recursos limitados, con una financiación adecuada.

Fuente: CETIM (publicación COHRE)

DESALOJOS FORZOSOS

HERRAMIENTAS UTILES :

  • Base de datos de violaciones de los derecho a la vivienda y la tierra en cada pais (Housing and Land Network) : aceso a la base de datos
  • Campaña Cero Desalojos (International Alliance of Inhabitants) : Pagina web

DERECHO A LA TIERRA

ACAPARAMIENTO DE TIERRAS

HERRAMIENTAS UTILES :

  • Conjunto de datos sobre acaparamiento de terras agricolas en el mundo (GRAIN) : Pagina web
  • The Online Public Database on Land Deals – Global Observatory : Land Matrix

GRUPOS VULNERABLES

  • Juventud
  • Anciano
  • Mujeres

PRÁCTICAS DE INTERÉS

Aspectos sociales y económicos

MERCADO DE LA VIVIENDA

El Consejo Nacional de Vivienda (CONAVI) realizó en 2009 un reestudio y recategorización del déficit habitacional en el país, en base a los datos aportados por el censo nacional del año 2002, estimando la demanda habitacional en el Paraguay.

El informe muestra una demanda total de 804.017 soluciones (398.294 para el área urbana y 405.723 para el área rural), a lo que se debe sumar la nueva demanda de unas 15.000 viviendas que se acumula cada año. Tomando como base que la población paraguaya es de unos seis millones de habitantes, el índice es alarmante (2).

Es difícil estimar el número real de familias que viven en asentamientos urbanos, concentrándose la mayor parte de ellos en el Departamento Central, aunque en los últimos años ha crecido vertiginosamente la cantidad de asentamientos en los departamentos de Encarnación, Ciudad del Este, Concepción, Saltos del Guaira, Pedro Juan Caballero, Amambay, y Canindeyú.

En el Departamento Central vive hoy uno de cada tres paraguayos. En el Área Metropolitana de Asunción, la gran mayoría de grandes concentraciones poblacionales son villas, asentamientos o barrios provisorios, con poca infraestructura para acoger a las miles de familias que cada año migran del interior del país. Más de la mitad de las familias de la ciudad tienen enormes dificultades para adquirir una vivienda propia, por no reunir los requisitos necesarios para acceder a un crédito: “El 43% de las familias no accede a una casa propia debido a que no puede documentar debidamente sus ingresos”, sostiene César Bouillon, economista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

CALIDAD DE LA VIVIENDA

ASENTAMIENTOS INFORMALES / TUGURIOS / LOS SIN TECHOS

Asentamientos informales (1)

La problemática de los asentamientos informales que afectaban la propiedad privada de particulares, requería una intervención decidida del Estado (en consideración de la significativa cantidad de casos) porque los pobladores no poseían capacidad de compra de las tierras que ocupaban. Para atender este aspecto, se creó el Programa de Regularización del Área Metropolitana (PRAM), a cargo del Ministerio del Interior. Luego, por Decreto 14.228/2001, el Programa de Regularización de Asentamientos en Municipios del Territorio Nacional (PRAMTN) pasó a ser implementado por la Secretaria de Acción Social (SAS), dependiente de la Presidencia de la República, y por el Consejo Nacional de Organizaciones Populares (CONOP), filial del Movimiento Sin Techo (MST). Por medio de este Programa, el Estado compró las tierras ocupadas y financió a los ocupantes el pago de las mismas. Los aspectos urbanísticos fueron definidos por las municipalidades en las que se crearon los asentamientos. Villa Madrid, urbanización de interés social implementada por CONAVI, AECI y Obras Sociales Salesianas en la ciudad de Limpio, son ejemplos de ello.

En otro plano del proceso de producción del hábitat popular, los asentamientos informales pueden ubicarse en forma dispersa en medio del tejido formal de la ciudad o formar un tejido urbano extendido, como los asentamientos informales costeros de Asunción, a orillas del río Paraguay. Estos casos, atendidos por proyectos de pequeña escala (puntuales) o en escala de los grandes proyectos urbanos (GPU), tienen como componentes principales: el mejoramiento de lotes y estructura vial, la introducción de servicios urbanos básicos, el equipamiento comunitario y la regularización de la tenencia. Los GPU también ha incorporado la vivienda como parte de la solución, involucrando a otros actores (gremios empresariales, CONAVI, etc.).

Estas acciones, realizadas por los municipios, priorizaban la atención de los casos que afectan la propiedad municipal. Las ocupaciones informales que afectan la propiedad privada de particulares, del Estado o entes autárquicos pueden ser objeto de atención del Programa de Regularización de Asentamientos en Municipios del Territorio Nacional (PRAMTN).

El grado de consolidación de los asentamientos informales depende en gran medida de su vulnerabilidad ante los fenómenos climáticos que podrán obligar a su población a trasladarse de lugar periódicamente, como en el caso de las crecidas del río Paraguay. Más allá de esta situación, la tendencia es a la consolidación constante de la ocupación, por la vía de la utilización de materiales de mejor calidad en las construcciones. En dichas condiciones, los sucesivos y continuos procesos de ocupación, al incrementar la población, reducen los espacios disponibles, por lo cual la densidad poblacional es mayor en los asentamientos informales que en el tejido formal que los circunda. Sin embargo, cabe destacar que la intensa subdivisión de la tierra, sumada a la alta densidad construida y poblacional, puede bajar las condiciones de habitabilidad a niveles inaceptables, que requieren drásticas intervenciones.

Con alcance nacional y a través de diferentes instituciones, la política habitacional de los últimos tres lustros ha intervenido en aproximadamente 240 asentamientos informales en diferentes ciudades, con procesos de regularización avanzados en diversos grados, y ha construido unas 17 mil viviendas nuevas, mientras que el déficit total es de aproximadamente 300 mil unidades, según estimaciones del propio CONAVI.

Según la Alianza International de los Habitantes, “Considerando el déficit acumulado y el número de unidades de vivienda producidas, puede concluirse que las expectativas han sido muy escasamente satisfechas. Las intervenciones físicas obtuvieron mejores resultados en los asentamientos por obra nueva que en las experiencias de mejoramiento de asentamientos informales. Se ha determinado una interesante variedad de acciones posibles en obra nueva, acorde con las posibilidades económicas de los demandantes de vivienda. Sin embargo, aún es frecuente la incompatibilidad entre los costos de la soluciones habitacionales y la capacidad de pago de los beneficiarios de los proyectos, lo que deviene en altas tasas de morosidad.

“Así, muchas de las nuevas soluciones se convierten en formalidades informales. La regularización de la tenencia para los primeros requiere entre 20 y 25 años, y aunque en el caso de los segundos este plazo sea variable, se podrá decir que el nivel de concreción es semejante, y cuenta con las mismas dificultades, respecto de la capacidad de pago de los beneficiarios. Esta situación se agudiza frente a la constatación de que los procesos de participación no han sido suficientemente apoyados para lograr que los beneficiarios desarrollen un mayor sentido de pertenencia con su hábitat y el consecuente arraigo a los asentamientos.”

“La deficiente coordinación interinstitucional en el marco de la política habitacional se ha reflejado negativamente también en la implementación de políticas de desarrollo, impidiendo las acciones tendientes a concretar procesos integrales de regularización de la tenencia de la tierra, que incorporen no sólo aspectos educacionales y de salud, sino también de promoción social y de creación de capital social, así como de consolidación comunitaria, que contribuyan a la sustentabilidad de las propuestas de solución.”

ROL DEL GOBIERNO

Antecedentes (1)

En Mayo de 1989, en el contexto de la democratización del país, se dio el Decreto Ley No. 25, que disponía que el Banco Nacional de Ahorro y Préstamo para la Vivienda (BNAPV) creara un Consejo Nacional de la Vivienda (CONAVI) integrado por todas las instituciones públicas y privadas que estuviesen en relación con este quehacer, como organismo consultivo en materia de vivienda urbana y rural.

Por Ley 118/90 se formalizó la nueva situación y fue creado el CONAVI. La Ley dice que el CONAVI tiene como objetivo fijar la política Nacional de la Vivienda en el marco de las Políticas Macroeconómicas y del Plan Nacional de Desarrollo que las expresa, para satisfacer las demandas de vivienda y de soluciones habitacionales. Para tal efecto, deberá concertar los esfuerzos de las entidades y las empresas o sociedades con objetivos afines para formular las Normas Técnicas apropiadas en lo urbanístico, sanitario y financiero.

Era función del CONAVI confeccionar el Plan Nacional de la Vivienda, hacer su seguimiento y procurar los recursos necesarios para su implementación. Su presidencia era ejercida por el presidente del BNAPV. El Consejo definió los primeros lineamientos de la política habitacional, contemplando acciones de construcción de vivienda nueva y la regularización de la tenencia de tierras públicas y privadas, ocupadas informalmente.

El Instituto Paraguayo de Vivienda, el BNAPV y el SNAPV fueron asumidos como parte de la estructura del CONAVI y adecuados a las funciones de la nueva institución. En medio de este trajín institucional, las municipalidades recibieron en mayo de 1991 a los primeros intendentes electos por voto popular. Estas elecciones permitieron el acceso al cargo de varios candidatos de la oposición, entre ellos el de la capital, quien, con un origen independiente de los partidos políticos tradicionales, dio a su administración un carácter social, fortaleciendo las organizaciones vecinales y creando instrumentos y estructura para la coparticipación, con vistas a la solución de la problemática de los asentamientos informales.

Hasta mediados de los años 90, el CONAVI y los municipios fueron los más fuertes referentes del quehacer habitacional. Las cartas orgánicas de ambas instituciones establecían competencias similares en relación con la planificación urbana y la construcción de viviendas de interés social. Sin embargo, en la práctica el primero implementaba principalmente obra nueva (Villas CONAVI), edificios habitacionales, adjudicación de subsidios para construcción, ampliación o refacción de viviendas, etc., desde los programas elaborados por la institución; mientras que los segundos atendían prioritariamente las situaciones de hecho que afectaban las propiedades del dominio público o privado. En ambos casos, otras instituciones vinculadas al tema eran convocadas para la planificación o ejecución de acciones concretas.

Desde 1989 hasta nuestros días (1)

En el marco de los objetivos antes mencionados, la política habitacional se aplicó en los niveles nacional y municipal en las condiciones específicas correspondientes a cada uno, y se desarrolló desde el Gobierno central, los gobiernos departamentales y los gobiernos locales, siendo estos los actores principales en la elaboración y ejecución de los planes, programas y proyectos (urbanos y rurales) respectivos. Teniendo en cuenta la división del país en dos grandes regiones separadas por el río Paraguay, la Región Oriental que concentra el 97% de la población (DGEEC, 2002) en el 40% del territorio total, ha sido la receptora del mayor número y variedad de acciones.

Estas acciones se pueden agrupar en dos tipos de intervenciones:

EN PRIMER LUGAR, la construcción de obra nueva, que responde a los planes anuales y programas y proyectos del CONAVI. Esta considerable variedad de propuestas estaría destinada, mayormente, a sectores de población de nivel socioeconómico medio y medio-bajo. Para la ejecución de estas acciones en la etapa inicial del funcionamiento del CONAVI se disponía fundamentalmente de fondos provenientes de las asignaciones del presupuesto general de la Nación.

En este tipo de acciones también intervienen las empresas constructoras privadas, los propios beneficiarios de los proyectos específicos, ONG, organismos vinculados a iglesias, entes proveedores de servicios, etc.

  • Emprendimientos habitacionales integrales, constituidos por lotes con viviendas, infraestructura vial y de servicios, equipamiento comunitario (salud, educación y recreación); vivienda progresiva, en lotes con servicios y materiales de construcción; y unidad básica habitacional
  • Vivienda productiva para el medio urbano y rural
  • Ayuda mutua
  • Vivienda cooperativa
  • Vivienda económica en lote propio
  • Ampliación y/o mejoramiento de vivienda propia (urbana y rural)
  • Proyectos piloto de viviendas con espacios compartidos
  • Construcción de viviendas y equipamiento urbano en zonas de producción extensiva
  • Subsidio habitacional directo
  • Mejoramiento de barrios

EN SEGUNDO LUGAR, en la problemática habitacional de los sectores de población de escasos recursos se sitúan las acciones de mejoramiento de barrios, rehabilitación urbana y regularización de la tenencia en asentamientos informales en propiedad pública (del Estado o municipal) o privada. Estas son intervenciones desarrolladas fundamentalmente por los municipios y, en menor grado, por las gobernaciones departamentales, el Ministerio del Interior (en los primeros pasos del PRAM) y por la Secretaria de Acción Social (SAS). Se pueden llevar a cabo como casos puntuales o como grandes proyectos urbanos (GPU), entre los que se destaca el Plan Maestro de la Franja Costera, en Asunción, que incorpora la solución habitacional para aproximadamente 10 mil familias de escasos recursos que ocupan las tierras inundables a orillas del río Paraguay.

En este tipo de intervenciones también participaron ONG, universidades, organizaciones de la iglesia, empresas constructoras, entes proveedores de servicios, organismos de cooperación internacional y organismos financieros internacionales. La participación de las familias ocupantes de las tierras afectadas era un factor decisivo. De ello depende la posibilidad de que la comunidad pueda efectivamente mejorar sus condiciones de vida y regularizar la situación de dominio de sus ocupaciones.

Función social de la propiedad y regularización de la tenencia

Estas acciones han permitido a los municipios adecuar las situaciones informales a la normativa urbana vigente, ampliar y actualizar sus bases de datos y registros catastrales, además de regularizar aspectos administrativos de las tierras municipales. Los planes y programas del CONAVI (a nivel nacional) y de los municipios (a nivel local) son un reflejo del marco normativo nacional donde destaca en primer lugar, la Constitución promulgada en 1992, donde son particularmente importantes los artículos referidos a la calidad de vida, el derecho a un ambiente saludable, y el derecho a la vivienda, que impone al Estado el rol de establecer las condiciones para hacerlo efectivo -especialmente para las familias de escasos recursos. También es relevante el artículo referido a la propiedad privada, que la garantiza y la define como inviolable, pero admite la expropiación atendiendo a la función económica y social de la propiedad a fin de hacerla accesible a todos.

Tanto las intervenciones de obra nueva como las de mejoramiento de barrios, rehabilitación urbana o regularización de la tenencia tienen como fin llegar a la titulación de los bienes inmuebles objeto de las mismas. Se ha adoptado la restricción del derecho de transferencia hasta cinco años después de la titulación para resguardar el carácter social de la propiedad y preservarla del ingreso inmediato al mercado inmobiliario.

Las intervenciones correspondientes a los planes del CONAVI han sido las de mayor envergadura y avance en su concreción física. Se han ejecutado en diversos puntos del país y, mayormente, en los límites de las áreas urbanas consolidadas, lo cual ha provocado problemas de accesibilidad en algunos casos, ya sea por falta de transporte público o por las malas condiciones del suelo, sobre todo a causa de problemas de acumulación de agua en función de las características geológicas del sitio. Estos inconvenientes han sido públicamente expuestos por los propios pobladores, provocando la rápida respuesta del CONAVI. Sin embargo, los problemas no se han resuelto definitivamente en todos los casos.

Aspectos Culturales – Religiosos – simbólicos

Aspectos Ecológicos

Bibliografia & Sitografia

  1. Alianza Internacional de Habitantes, “Políticas alternativas de vivienda en América latina y el Caribe”, 2013 coord Paul Maquet Makedonski, pp. 52 a 61.

PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD CIVIL

MAYOR REVENDICACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL

ALGUNOS MOVIMIENTOS SOCIALES

  • COOPERATIVA MANDUVIRA :

También te podría gustar...